UTOPHIA. Resumen del 12 de Marzo de 2010


“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar” –
Eduardo Galeano

 11 de Marzo                                                 TÍTULOS

LAS MADRES CONVOCAN. La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca, el próximo 24 de marzo a las 17 horas en Plaza de Mayo, a recordar y repudiar el 34º aniversario del golpe de Estado de 1976 a través de un gran evento musical bajo el lema “No pudieron apagar tanto fuego, y en el escenario de la revolución del Bicentenario arderá nuestra cultura”.

“EN EL CONGRESO SE RESPIRA UN ESPÍRITU GOLPISTA”. Para la senadora Roxana Latorre, lo que la oposición quiere hacer con Marcó del Pont es “una terrible injusticia”. La senadora asegura que no se pasó al oficialismo, pero que hay opositores que no quieren que la Presidenta termine su mandato. En ocasión del lock out de los patrones del campo, los sectores populares denunciaban una actitud golpista de la oposición, los medios oligopólicos y la Sociedad Rural. Durante el debate de la 125 ya no eran meras especulaciones, los cañones disparaban bajo la línea de flotación del gobierno. Hoy ya es vox populi: la oposición es desestabilizadora y “en el Congreso se respira un espíritu golpista” y la denuncia sale desde adentro de sus propias filas.

LA JUSTICIA ORDENÓ INVESTIGAR A CECILIA PANDO. La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento de María Cecilia Pando en una causa por apología del delito.

AVÍSELE AL CORONEL. Era diciembre de 1975, y el joven intendente de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde, acababa de ingresar al despacho del gobernador bonaerense Victorio Calabró con una frase en los labios: “ERP planea copar el Batallón de Arsenales de Monte Chingolo.”

GANÓ UN PREMIO CLARÍN Y SE LO QUITARON POR SU POSTURA POLÍTICA... Y el Clarín estridente censuró. El escritor Daniel Aletto nos envía una carta y nos explica por qué demanda al diario y la revista Clarín.

EL ORO Y EL BARRO. Desde hace medio siglo, el diario de mayor circulación del país ha sido objeto de codicia para distintos gobiernos y cazadores de fortunas que no han vacilado en recurrir a la extorsión.

ROBERTO ARLT Y LA CONSAGRACIÓN DEL “TURRISMO”. La crónica que Mariano Grondona publicó el domingo en La Nación inspiró a Orlando Barone para escribir la siguiente nota sobre “turradas” y “turritos”.

LA CARA DEL GRAN INQUISIDOR.
Gerardo Morales, sin túnica sacerdotal, sin capucha ni instrumentos de tortura, y sin otra demostración que una sentencia anticipada, le negó a la honorable acusada la más básica chance de absolución.

MALDITA POLICÍA, MALDITA POLÍTICA… El caso de la Policía Federal Argentina. Pergeñada por los sucesivos gobiernos militares del siglo XX, las bases institucionales de la Policía Federal la convirtieron en una verdadera instancia de disciplinamiento social que sobrevive gracias a un pacto de reciprocidad con los gobiernos democráticos.

ESTÁN DESESTABILIZANDO. La necesidad de confluencia entre las organizaciones políticas y sociales que caminan dispersas en el campo nacional y popular. Y una apelación a la CGT y la CTA: un Paro Nacional en defensa de los intereses de las mayorías y en contra de cualquier intento de desestabilización o golpe. Por Esteban Collazo.

HUMOR: A cargo de Héctor Reinna, dibujante del mítico Conventillo de Don Nicola. 4ta. entrega del Conventillo Aéreo.

ARTÍCULOS CON ENLACE A LA FUENTE. Pulsar sobre el título para leer.

¡Son rederecha! Enérgica aparición televisiva de Pino Solanas acusando al gobierno.

La cuadratura del círculo. Pino Solanas tiene mareados hasta a los periodistas. Ha dado tantas vueltas sobre el pago o no de la deuda externa que ni los profesionales de la comunicación saben si plantea pagarla o no pagarla.

¡Es tiempo de reflexión!? Difundirlo es sembrar Memoria. Un día en el recuerdo. A 25 años. El próximo día, 14 de marzo de este año 2010, se conmemora la fecha de liberación de los últimos presos políticos del país. Día que quedó marcado en los anales de la historia uruguaya.

Uruguay: “Esto no tiene goyete” Por Veronika Engler Esta reflexión está basada en dos artículos publicados en ”La Nación” sobre el tema de los militares que están presos por haber cometido crímenes de lesa humanidad y la actual polémica de si deben o no deben estar en la cárcel.

Argentina: Detienen y torturan a 15 militantes de la agrupación Aníbal Verón TARTAGAL, SALTA Detienen y torturan a 15 militantes de la agrupación Aníbal Verón (AW) En la mañana del miércoles pasado, 15 integrantes de la agrupación Aníbal Verón se dirigían a ocupar sus puestos de trabajo en la empresa Wickap cuando fueron detenidos por la infantería policial. Desde ese momento son sometidos a golpizas y torturas con picanas eléctricas, mientras tanto el juez sigue denegando los pedidos de la eximición de detención.

Intoxicación y envenenamiento mediático.? “El problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia civil”. Howard Zinn. Los ataques perpetrados por la industria mediática al servicio del imperialismo estadounidense y europeo, así como de la burguesía y la oligarquía a nivel mundial forman parte de la estrategia político-militar de estas fuerzas con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina.

En estos momentos, el Tribunal Supremo está considerando el procesamiento y la suspensión del Juez Baltasar Garzón. Garzón es reconocido internacionalmente por su incensantes esfuerzos en la persecución de crímenes contra la humanidad. Pero sus investigaciones sobre presuntas atrocidades cometidas en España y sobre escándalos de corrupción han desatado una campaña política y legal dirigida a deshacerse de él y evitar que la verdad aflore.

Sean Penn afirma que deberían ir prisión periodistas que mienten llamando a Chávez dictador

El actor Sean Penn no se anda por las ramas. En una entrevista en un programa de televisión americano pidió cárcel para los periodistas que llamen tirano a Hugo Chávez.

“Cada día, este líder electo por el pueblo es tildado de dictador aquí, y nosotros lo aceptamos una y otra vez. Y esto ocurre en los principales medios de comunicación. Realmente debería existir un límite que si se cruza uno vaya a prisión por estas mentiras”, añadió. Sean Penn es un actor con ideas progresistas. Se declara defensor del gobierno de Chávez y de su proyecto de “socialismo del siglo XXI”. También simpatiza con Fidel y Raúl Castro.

EFEMÉRIDES: Por el Profesor Daniel Chiarenza. Pulsar en la fecha para leer la nota.


10 de marzo de 1952: el peronismo en el gobierno dispone la gratuidad de la enseñanza secundaria.

13 de marzo de 1931: Nacimiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz (Bolivia).

LEER LAS NOTICIAS

NO PUDIERON APAGAR TANTO FUEGO

En el escenario de la revolución del Bicentenario arderá nuestra cultura

La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca, el próximo 24 de marzo a las 17 horas en Plaza de Mayo, a recordar y repudiar el 34º aniversario del golpe de Estado de 1976 a través de un gran evento musical bajo el lema “No pudieron apagar tanto fuego, y en el escenario de la revolución del Bicentenario arderá nuestra cultura”.



La Orquesta Juan De Dios Filiberto, Susana Rinaldi, Peteco Carabajal, Juan Falú, Raúl Carnota, Liliana Herrero, Mora Godoy, Lidia Borda, Guillermo Fernández,  Rita Cortese, Koki y Pajarín Saavedra, Silvia Iriondo, Dúo Orozco Barrientos, Bruno Arias, Lucrecia Merico y Mota Luna, entre otros consagrados artistas, se presentarán en el escenario principal. La conducción del evento estará a cargo de la periodista Blanca Rébori.


La actividad, organizada por la Asociación y la Unidad Bicentenario de la Presidencia de la Nación, forma parte de las diversas actividades por el Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, en las que las Madres participarán activamente.


Las Madres, con la fuerza de sus 33 años de historia, repudiarán el golpe de Estado y el genocidio con toda su fuerza combativa, celebrando que, pese a todo, la vida vence a la muerte.




ROXANA LATORRE, LA SENADORA SANTAFESINA QUE IMPIDIO QUE RECHAZARAN A MARCO DEL PONT

“En el Congreso se respira un espíritu golpista”

Para Latorre, lo que la oposición quiere hacer con Marcó del Pont es “una terrible injusticia”. La senadora asegura que no se pasó al oficialismo, pero que hay opositores que no quieren que la Presidenta termine su mandato.

La senadora Roxana Latorre, ayer, cuando salía de su despacho en el Senado.

Una vez más, la senadora santafesina Roxana Latorre quedó en el ojo de la tormenta. Tal como sucedió el año pasado, cuando su sola firma a un dictamen de mayoría permitió al Gobierno prorrogar las facultades delegadas, la legisladora volvió a derrumbar el frágil andamiaje panopositor: esta vez al anunciar que apoyaría el pliego de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, por considerar que la economista “se transformó en un chivo expiatorio que quedó en medio de la balacera entre oficialistas y opositores” y con quien “se está cometiendo una terrible injusticia”. Además, denunció que “en el Parlamento se respira un espíritu golpista”.

Así, Latorre, aunque reafirmó su postura opositora, apenas con un anuncio dejó una vez más al desnudo las grietas del conglomerado antikirchnerista, que al ver que no tenía el número para rechazar el pliego decidió no dar quórum a la sesión y dejó todo listo para que el miércoles que viene, cuando vuelva a tratarse el tema, el Gobierno busque conseguir la aprobación de la funcionaria.

“Con Marcó del Pont se está cometiendo una terrible injusticia; no me pasé al kirchnerismo, pero Cristina tiene que terminar su mandato –explicó la senadora–. Cuidado que en el Parlamento se respira un espíritu golpista de que se tiene que ir antes.” Con estas palabras, Latorre concretó el cimbronazo que echó por tierra una nueva avanzada opositora y volvió a sumarle incertidumbre al mapa legislativo.

Y si bien aseguró que sigue formando parte “del arco opositor”, con sus acciones demostró que no seguirá ciegamente las decisiones del entramado antikirchnerista, porque siente que algunos intereses dentro de ese sector tienen intenciones destituyentes: advirtió que hay que tener “mucho cuidado porque hay muchísimos legisladores que apuestan a la entrega anticipada de poder”, insistió, aunque no quiso dar nombres.

“No soy cautiva de ningún espacio –explicó la santafesina–. Sinceramente sigo formando parte del arco opositor, pero mi voto no está cautivo; mi voto es en beneficio del pueblo argentino.” Y agregó, no sin ironía: “Incluso como peronista, no llegué hasta aquí para que me conduzca Carrió”. En diálogo con Página/12, Latorre señaló que en el funcionamiento democrático “hay una delgada línea roja que no se debe cruzar jamás y hay algunos sectores que no reconocen ese límite”.

– Más allá de la decisión política de respaldar a la presidenta del Banco Central, lo más preocupante es su acusación de que hay un “espíritu golpista” en el Congreso. ¿Quiénes y cómo lo promueven?

Soy senadora nacional desde 2001, a mí me marcó a fuego esa experiencia, porque era la primera promoción que entraba por voto directo y además heredamos el fracaso de la Alianza y la desdichada historia del viejo Senado, de forma tal que me parece que vigilar el bien de la democracia y cuidar de la relación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo es nuestra gran responsabilidad. No está en mí acusar a nadie con nombre y apellido, pero sí hay un sector que plantea que “si los Kirchner se tienen que ir, que se vayan ya”, no reconociendo un gobierno elegido por las urnas. Yo soy claramente opositora, muy crítica con el oficialismo, lo he demostrado a lo largo de estos años. Pero antes que eso soy defensora de la democracia.

– Específicamente, ¿a qué se refiere cuando dice que hay legisladores que apuestan a la entrega anticipada de poder?

No voy a señalar a ningún legislador en particular, pero a través de la actitud, de cómo votan y se comportan en el seno de las comisiones y en el recinto marcan una línea respecto del Ejecutivo. Hay una delgada línea roja que no se debe cruzar jamás y hay algunos sectores que no reconocen ese límite. También es cierto que se llegó a un grado de poco respeto entre el Gobierno y el Parlamento, habida cuenta de que hubo durante mucho tiempo un bloque mayoritario con mayoría especial de manera tal que se ignoraron muchos planteos de la oposición e incluso de disidentes dentro del oficialismo. Ahora tenemos por delante una época de consenso y diálogo, entendiendo las diferencias pero difundiendo la democracia.

– ¿El actual clima que se respira en el Congreso permitirá un trabajo en ese sentido?

Creo que sí, que hay voluntad, y creo que en cada una de las sesiones se va a ir viendo. Va a haber que trabajar tema por tema, sesión por sesión. El arco opositor está constituido por múltiples voces. Básicamente, deben dejarse de lado los  vedettismos y las candidaturas para el 2011. Este es un tiempo de construcción.

–La semana pasada se decidió el nuevo reparto de comisiones que el oficialismo consideró un avance sobre la gobernabilidad, ¿por qué en esa ocasión apoyó la iniciativa opositora?

El Ejecutivo abusó de su mayoría holgada en el Parlamento, especialmente en la Cámara de Senadores, y avanzó con la prepotencia de los votos. De alguna manera el hecho de que se haya constituido un arco opositor heterogéneo que haya priorizado eso me parece saludable para el equilibrio de la Nación.

– ¿Eso no es combatir prepotencia con prepotencia?

Habría que ver en particular, pero básicamente salvo en algún caso aislado como el del senador Carlos Menem, que aprovechó la negociación para avanzar sobre cargos que le correspondían al oficialismo, me parece que tuvo que ver con una estructuración de la representación de fuerzas dentro del Senado.

Entrevista: Nicolás Lantos.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-141874-2010-03-12.html


Causa por apología del delito

La Justicia ordenó investigar a Cecilia Pando

10-03-2010 /  La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento de María Cecilia Pando en una causa por apología del delito. La misma se había iniciado por el director de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Carlos Pisoni, quien denunció diversos ilícitos cometidos por Pando

La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento de María Cecilia Pando en una causa en la que fue denunciada por apología del delito.

El tribunal hizo lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal Luis Comparatore, quien había considerado como “prematura” aquella decisión, informó hoy el Centro de Información Judicial en un comunicado.

La causa se había iniciado por el director de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Carlos Pisoni, quien denunció diversos ilícitos cometidos por Pando, principalmente porque “pronuncia discursos en donde se defiende y enaltece el terrorismo de estado desplegado por la última dictadura militar, los que luego quedan registrados en la página que posee la organización: AFYAPPA.blogspot.com”.

Al apoyar el recurso presentado por Comparatore, la Cámara indicó que “se advierte acertada la posición del Ministerio Fiscal en razón de que las probanzas reunidas en el sumario se exhiben escasas para concluir que la Sra. Pando resulta ajena a la comisión del delito que se le atribuye.


“Avísele al Coronel”
 
Por Ricardo Ragendorfer

Miradas al SUR- 07-03-2010 / 
Secretos de la vida política y de la historia de Eduardo Duhalde.

Esa mañana, su boca lucía más ladeada que nunca. Era diciembre de 1975, y el joven intendente de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde, acababa de ingresar al despacho del gobernador bonaerense Victorio Calabró con una frase en los labios:  

– El ERP planea copar el Batallón de Arsenales de Monte Chingolo.
Había pronunciado esas 11 palabras con una ansiedad casi canina.
Su interlocutor, entonces, quiso saber la fuente de tal información. Y el Cabezón –como ya entonces le llamaban–, simplemente, dijo:
  – Me llegó por un muchacho que anda en la joda.
De ese modo se atribuyó el mérito del dato. Pero no fue exactamente así. En realidad el asunto había llegado a sus oídos a través de Rodolfo Illescas, un gremialista del peronismo ultraortodoxo que por entonces encabezaba la filial Lomas de las 62 organizaciones.
Éste, a su vez, se enteró del plan guerrillero debido a la infidencia de un viejo amigo suyo: Jesús Ranier, alias El Oso, un agente del Batallón 601 infiltrado en la organización liderada por Mario Santucho.
 
Desde la estructura logística del ERP, dicho soplón simulaba un activo papel en los preparativos del ataque. Lo cierto es que Illescas, tras cavilar acerca de la trascendencia de lo que acababa de escuchar, corrió con premura a la casa del intendente para comunicarle la novedad. 
Ambos, entonces, acordaron que Duhalde transmitiera la cuestión a Calabró, quien por entonces operaba junto a los militares en su inexorable desfile hacia el 24 de marzo de 1976. La idea era que éste le fuera con el cuento al coronel Carlos Martínez, quien por entonces dirigía la poderosísima Jefatura II de Inteligencia del Ejército.
  – No te olvides de aclararle a don Victorio que fui yo el que te pasó la información– le dijo Illescas a Duhalde, antes de que éste partiera a la gobernación–.
Ahora, mientras sopesaba el asombro del mandatario bonaerense, el Cabezón insistió:
  – Esto me llegó por un muchacho que está en la joda.
Y tras una pausa, agregaría:
  – No le quepa duda, don Victorio, de que esto va en serio.
Esa frase bastó para que Calabró estirara la mano hacia un teléfono para comunicarse con el coronel Martínez.
Minutos después, ascendió a un vehículo oficial para dirigirse al Edificio Libertador.
En ese instante, Duhalde se despidió de él con las siguientes palabras:
  – No se olvide de aclarar que fui yo el que le pasó la información. 


Y el Clarín estridente censuró

Ganó un premio y se lo quitaron por su postura política: ahora demanda al diario y la revista Clarín

CLARÍN ME ENTREGÓ UN PREMIO Y LUEGO POR RAZONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN ME LO QUITARON.

MUCHAS GRACIAS POR DIFUNDIRLO, NO TENGO OTRA MANERA DE DARLO A CONOCER.

EL GANADOR. Carlos Daniel Aletto recibe la distinción de parte de Marcela Noble Herrera, de Clarín. (Roberto Ruiz/CLARIN)).

“Esta es una denuncia sobre el Multimedio Clarín y su actuar contra escritores e intelectuales. Mi nombre es Carlos Aletto, soy licenciado en letras y escritor

Es sabido que Clarín maneja a las editoriales y a los intelectuales según su conveniencia. El año pasado obtuve el premio Clarín de Cuento
Según Clarín, el cuento ganador, “Atalaya”, relata una guerra entre chicos que se torna cruel y violenta. La temática le era útil al medio. Sin embargo, el día previo a la entrega, hablando informalmente con el representante del Multimedio (Leandro Passarello) y luego de haber firmado el contrato por la publicación de tres obras mías, referí mi postura política a favor del gobierno nacional.
 
Si bien no hubo nada relevante, me llamó la atención como el mismo día de la entrega de premio fui un tanto marginado y el titular del diario fue: “Un marplatense ganó el primer concurso de cuentos de Clarín” y en la foto de la edición impresa estábamos todos los premiados y no sólo el primero como es costumbre del diario.

El cuento había obtenido un premio en la bienal de la ciudad de Mar del Plata del 2000, pero no había sido editado (un requisito de las bases era que fuese inédito) por este motivo, aceptaron el cuento en el concurso, luego de averiguaciones. Sin embargo, una denuncia anónima al día siguiente de la entrega del premio alertaba que había una edición de una antología del premio en el que aparecía ya publicado mi cuento “Atalaya”.

Luego de que el representante de Clarín consultara con un ex secretario de Cultura de Mar del Plata, Marcelo Marán, este recordó que se había hecho algo interno sin ningún requisito legal, sin ISBN, sin contrato de autorización, sin distribución, una especie de “muestrario interno del premio” y que estaba en la Biblioteca, pero aseguraba que no era una publicación, sino “algo interno”. De todas formas, Clarín aceptó ese objeto apócrifo e ilegal, para retirarme el premio.

A todo esto ellos señalan en una nota que yo admito que el cuento no era inédito, con el título esta vez con mi nombre:

Carlos Aletto, el autor del cuento “Atalaya”, admite que no era inédito” 
Ustedes advierten constantemente como manipulan la información. Titulan de una forma y en el cuerpo de la nota no se condice. 
Me habían pedido un descargo y yo sorprendido por la aparición de ese ejemplar escribí una nota al director de Ñ: ellos recortan una parte de la misma y señalan: “me confirmaron (en la Dirección de la Juventud) que nunca se había publicado tal libro, ni que jamás se había realizado el acto de entrega. Al parecer unos pocos libros fueron impresos por la Secretaría de Cultura, admite el escritor.” 
Como se ve no admito nada, solo digo “Al parecer…”, es más, tiempo después descubro que la Secretaría de Cultura de Mar del Plata no hizo esos pocos ejemplares. Un misterio. Quizá lo haya realizado la Dirección de la Juventud, de lo cual no hay asiento por lo poco importante del asunto.

Además de haberme retirado el premio, sin ninguna carta documento, enterándome sólo a través de las páginas del diario, NO me devuelven el contrato que firmé por tres obras. Por lo tanto no puedo publicar.

Esta persecución se ha visto agravada por administrar en Facebook un grupo de casi 30.000 miembros, llamado CINTA VERDE A FAVOR DE LA LEY DE RADIODIFUSION
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=132104882829&ref=ts

En síntesis, por no comulgar con sus ideas político económicas me han desprestigiado e, incluso, a nivel académico y la única posibilidad que tengo de hacer escuchar mi voz es a través de ustedes y de otros medios virtuales.

Gracias y los felicito por habernos enseñado a ver las noticias desde otro lugar, aunque de alguna forma también lo aprendí por haberlo sufrido en carne propia.”

Ver denuncia y videos de la premiación de Carlos Aletto.

Gentileza Mónica Oporto

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LA SORDIDA PUGNA TRAS EL CASO “CLARIN”

El oro y el barro

Desde hace medio siglo, el diario de mayor circulación del país ha sido objeto de codicia para distintos gobiernos y cazadores de fortunas que no han vacilado en recurrir a la extorsión. Ello no invalida la investigación judicial que condujo al arresto de su propietaria y en la que está pendiente el análisis genético que resolvería el caso.

Del mismo modo, el debido proceso y las garantías individuales no pueden ser arrasados en nombre de la verdad y la justicia. Tampoco es razonable que la vigencia de esos principios se reclame en forma selectiva sólo para algunos procesados, mientras las cárceles revientan de inocentes sin condena.

Menem y la señora de Noble: una larga guerra de medidas y titulares de prensa.

Por Horacio Verbitsky

En su edición del viernes Clarín atribuyó la detención de su directora-propietaria a una venganza del menemismo y de sus testaferros empresariales, por el despliegue informativo de aquel diario respecto del contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que condujo a la detención del ex presidente Carlos Menem.

Los lectores de este diario conocen mejor que los de Clarín que las denuncias por la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble fueron realizadas por agentes de inteligencia del gobierno de Menem con propósitos de extorsión económica y política. Saben también de los nexos de esta trama con el lavado de dólares del narcotráfico.
Nada de esto significa que los cargos presentados por las Abuelas de Plaza de Mayo ante el juez federal Roberto Marquevich carezcan de fundamento. De hecho, es imposible extorsionar a alguien sin conocer algún secreto inconfesable. En ese sentido, nada es más significativo que la negativa a la realización del análisis genético de Felipe y Marcela que, en una gestión privada, propusieron las Abuelas y luego el juzgado.
Del mismo modo, la razonable sospecha que impulsó a las Abuelas a asumir el caso, aun a sabiendas de la calaña de los denunciantes, no excusa el descuido del juez por las garantías constitucionales que desaconsejan privar a una persona de su libertad sobre la base de presunciones.
 
Lo mejor y lo peor de la Argentina, lo más puro y lo más sucio se rozan en esta historia, que comenzó a publicarse en esta página hace once años, cuando Clarín prefería negociar con los extorsionadores.

Banca off shore

Durante la campaña electoral de 1989, Menem propuso erigir un puerto franco en la isla Martín García. Cuando le informaron que el tratado del Río de la Plata prohibía cualquier edificación en la isla dijo que su proyecto podría trasladarse a Puerto Iguazú, en Misiones.
El periodista Jacobo Timerman advirtió que ese puerto franco sería la puerta de entrada para el dinero del narcotráfico.
En mayo de 1990, el gobernador misionero Julio Humada detalló que el proyecto que entusiasmaba a Menem consistía en la instalación en Puerto Iguazú de una zona franca bancaria off shore, con hoteles de cinco estrellas y casinos. El inconveniente era que las tierras necesarias estaban ocupadas por viviendas de indígenas. En reunión del gabinete provincial se discutieron alternativas para erradicarlas y se decidió prenderles fuego.
  – Se les quema la casa, pero hay que tener un poco de cuidado en este aspecto, tanto en lo político como en lo humano, porque somos un gobierno justicialista, que ya la palabra lo dice todo –sostuvo el ministro de gobierno, Hugo Caballero.
La frase es textual y, aunque cueste creerlo, consta en el acta taquigráfica de la reunión de gabinete. El ministro de Ecología, Loik León, propuso aumentar el número de policías y caballos e instalar cuatro puestos fijos para relocalizar compulsivamente a los indígenas después del incendio.
Las casas fueron quemadas, pero el proyecto quedó detenido cuando la DEA norteamericana puso sus ojos en él y el empresario argentino radicado en España Héctor Villalón, quien representaba a un presunto “inversor árabe” abandonó el país con sigilo. Ya entonces, la Triple Frontera interesaba a los organismos estadounidenses de seguridad.

Leer la nota completa.

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Verdad y Justicia


Roberto Arlt y la consagración del “turrismo”

Si no fuera por la crónica que Mariano Grondona publicó el domingo en La Nación no me hubiera inspirado para hacer esta inocente crónica. La de Grondona lleva el siguiente título: “Los Kirchner, ¿Temen caer o quieren caer?”. Impúdico modo de desnudar su deseo destituidor que parece hacerle agua la boca. 

Aún el estímulo más miserable sirve para estimular una reminiscencia linguística. La palabra que me viene a la memoria es “turrada”, acción baja y ruin. ¿O no lo es instalar la idea de que el Gobierno si no cae por si mismo va a caer contra si mismo? Va a caer ¿viste?
 
Una cosa lleva a la otra y turrada me lleva a turrito, el diminutivo de turro. En la novela “Los siete locos” Roberto Arlt la coloca en boca del farmacéutico que le replica al protagonista Erdosain: “Rajá, turrito, rajá”.

Esa respuesta desdeñosa se hizo una cita memorable. Porque el “turrito” en diminutivo suena más contundente, despreciativo e implacable que turro. Como tantas palabras ha dejado de usarse , al menos con frecuencia social. Paradójicamente su desuso se produce en tiempos en que más abundan los “turritos” o “turritas” de derecha, de izquierda u oblicuos. A diferencia del “garca” que traiciona con más ambiciones, el “turrito” es mezquino e insuficiente para obtener el diploma de turrazo.

Este es más codicioso y más frontal. Le pone el cuerpo a su comportamiento. No disimula, no se disfraza: se desnuda. Se exhibe caucásico y peludo. Pero el turrito es un pícaro y actualísimo representante de la escena argentina. 

Está entre nosotros, y a veces en uno mismo si se tiene esa desgracia y no se la combate dejando de repetir como propio el mensaje interesado de los otros. Un turrito, como un cuervo o un carancho se alimenta de las sobras carroñeras que dejan las grandes bestias. Esas que al menos se afanan por luchar a dentelladas por su alimento. El turrito no. Espera el devenir para usufructuar los desechos. En la política siempre se ubica de tal modo que quede aglomerado, pero frunciendo la nariz como que está disconforme en cualquier lado. 

Posa de autonomía pero se sube a los colectivos sin andar exigiendo el mapa del recorrido. Basta con que le ofrezcan un asiento donde ejercer su turrismo. Cuando se desorienta se baja y se sube a otro aún al costo de amputarse el orígen. Los hay en cualquier disciplina.

En esta que yo ejerzo proliferan con un agregado: se sienten honorables desturrados, no turritos.
 
Cuando Roberto Arlt escribe: “rajá, turrito, rajá”, resume al destinatario. Le dice: andá a turrear a otro. Un buen ejercicio, aparte de releerlo es reconocer a los turritos obvios y ya tradicionales. Y una experiencia actual es descubrir a los turritos/as menos pensados. Estos sorprenden. Y algunos duelen o indignan más que los otros.

La cara del Gran Inquisidor 

Gerardo Morales, sin túnica sacerdotal, sin capucha ni instrumentos de tortura, y sin otra demostración que una sentencia anticipada, le negó a la honorable acusada la más básica chance de absolución. 
Morales, contradiciendo moralmente a su apellido, demoliendo las ruinas populares de su antiguo partido, pisoteando la última evanescencia popular del entierro de Raúl Alfonsín, anunció la negativa de su bando a seguir escuchando a la acusada.
 
Lo hizo con la cara matona y sin máscara de un miembro del Ku Kux Klan ya lanzado a envanecerse de su mala condición y sin complejos de revelar su identidad llena de prejuicios. Tuvo, eso sí, una virtud gestual.
Y se contuvo de amenazar a Marcó del Pont haciéndole con la mano la señal de la guillotina. O la del potro, aquel suplicio con que eran despachados los herejes. Pero la malicia le bailaba en sus ojos de insignificante intérprete del diablo, sin la calidad de aquel diablo de Al Pacino. La moralidad de Morales es desde ayer histórica.
En un sentido de historia de bolsillo, de graffiti. Interpretó en el tribunal opositor y linchador del Senado, el feroz y triste papel del odiador medieval. Algunos de sus aliados/as que lo rodeaban podrían personificar sin disfraz de época papeles de perseguidores. 
Pero el empeñoso ascenso de Morales, en la inmoral escala de los inquisidores, le permitió sentenciar a una mujer con un argumento de insuficiencia ideológica y de suspicacia machista.
 
Mercedes Marcó del Pont, femenina, lúcida y culta, fue enjuiciada por su presunta mala actitud y su falta de humildad, por ese inquisidor al que el sismo de detrás de los Andes le debe haber repercutido corriéndolo más a la derecha. Si es que hay más hacia la derecha de Morales. Imagino que de llevar uniforme y botas procesistas hubiera lucido más democrático que con traje y corbata. 
Pero los tiempos obligan al mimetismo más correcto. Y sobre todo en esta Argentina donde para cancelar ideologías inquietantes ya no se usan cañones ni mazmorras sino medios, jueces y constitucionalistas. No es fácil la faena de Gerardo Morales. Hay que tener lo que él tiene para poder ejercerla. No se crea que lo que tiene es eso de lo que todo varón se pavonea. No .Lo que él tiene es odio. A él le sale más natural que la inteligencia.  

Carta abierta leída por Orlando Barone el 11 de Marzo de 2010 en Radio del Plata.


Están desestabilizando

Por Esteban Collazo

La necesidad de confluencia entre las organizaciones políticas y sociales que caminan dispersas en el campo nacional y popular. Y una apelación a la CGT y la CTA: un Paro Nacional en defensa de los intereses de las mayorías y en contra de cualquier intento de desestabilización o golpe.

Los sucesos políticos de los últimos días, los del mundo real y los del mundo virtual que diferenció la presidenta Cristina Fernández en su discurso de apertura de la sesiones legislativas, se han agudizado al punto que la democracia corre peligro.

No se trata, al menos en este caso, de alarmar irresponsablemente a través de un medio de comunicación contra-hegemónico. Lo que se intenta es relacionar los acontecimientos recientes y expresar el sentimiento de amplios sectores de la sociedad (no todos) que están preocupados por lo que pueda venir.

Muchas fuerzas políticas y sociales por estos días están teniendo reuniones y discusiones para hacer frente a la avanzada destituyente, golpista y desestabilizadora.

Los medios masivos de comunicación, que ven afectados sus intereses económicos, han instalado a partir del cachetazo electoral que recibió el Gobierno nacional el 28 de junio pasado, que la “gente” dio su veredicto y la “voluntad popular” eligió a la oposición para acabar con el matrimonio “autoritario”.

En rigor, a nivel nacional, el Frente para la Victoria obtuvo el 31.2%, el Acuerdo Cívico y Social el 30.7%, el PRO y el PJ de derecha el 27%, Nuevo Encuentro 5.2% y los partidos marxistas-leninistas-trotskistas-maoistas el 1.6%.

Por lo tanto, pese al revés electoral que significó para el partido de gobierno, sobre todo por la pérdida de la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo continua siendo la primera minoría y el partido que mayor cantidad de “gente” eligió para que ocupe las bancas de senadores y diputados.

Entonces, no se entiende que “la oposición” dialoguista, republicana y cuidadosa de las instituciones no haya respetado el reglamento interno del Senado y se haya quedado con todo -es posible que esa sea su verdadera misión: quedarse con todo-.

Pero veamos un poco en profundidad los resultados electorales pasados, las repercusiones y lo creado por las empresas privadas de comunicación que ostentan ganancias extraordinarias. Se dijo y se dice que “la oposición obtuvo el 70%”.

¿Cómo llegaron a semejante conclusión?

¿Qué tiene que ver el armado electoral entre Martín Sabatella y Libres del Sur con Elisa Carrió, Mauricio Macri, el menemismo, el duhaldismo, Reutemann, los socialistas, los legisladores de la Sociedad Rular y de la Confederaciones Rurales Argentinas y los partidos marxistas-leninistas- trotskistas-maoistas?

¿Y qué semejanza política tienen éstos con Proyecto Sur, de Fernando Solanas?

A pesar de los posicionamientos políticos actuales de muchos de los mencionados -los más dolorosos puedan ser los de Libres del Sur y Proyecto Sur-, de las críticas al Gobierno y de la disputa por ocupar el “trono” presidencial, si la “gente” escuchara las propuestas de éstos -y no a través de los parlantes mediáticos-, se daría cuenta fácilmente que la supuesta “oposición” es ficticia.

Mientras Solanas plantea un Estado intervencionista, que recupere la soberanía sobre los recursos naturales y combata con políticas activas la pobreza y la indigencia, distribuyendo la riqueza, el neoliberalismo de Carrió-Duhalde-Macri-Menem-Cobos-y otros tantos- propone -en realidad no lo propone porque no les da la cara, pretenden- todo lo opuesto: reducir salarios y pensiones jubilatorias, privatizar todo, aumentar impuestos, regalar los recursos naturales, reprimir a los trabajadores cuando les quiten las paritarias y vender el país.

Esta “oposición” hoy, pese a ser minoría, está imponiendo su voluntad y dejando sin margen de acción al Gobierno. Y lo peor es que los que ganan son los sectores de derecha de esa “oposición”.

Trabaron los DNU para el pago de la deuda externa y de esta manera evitar ingresar nuevamente en default, siendo los DNU un instrumento que la Constitución de la Nación otorga al Poder Ejecutivo.

Asimismo hicieron coparticipable el impuesto al cheque, logrando con esto que el Gobierno nacional posea menos recursos para ejecutar políticas distributivas como las que viene efectuando, y empujando a la Presidenta a que vete la ley para que el terrorismo mediático la pinte como una autoritaria.

Ahora pretenden rechazar a Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, una mujer con una intachable conducta, una gestión transparente y efectiva cuando estuvo a la cabeza del Banco Nación.

Todo indica que, aunque el Gobierno intente negociar y buscar acuerdos con “la oposición” -algo que no es su fuerte-, éstos no aceptarían ni buscarían el “consenso”.

Todos desean ser presidentes de un país que comienza a estar de pie -pese a los aún considerables índices de pobreza y exclusión-, que tiene record en recaudación, en superávit y altas reservas.

La situación así planteada está llegando al límite. El país corre riesgo de sufrir un “golpe blando”, un golpe institucional como lo sufriera Honduras el 28 de junio, el mismo día que “la oposición” golpeó al oficialismo electoralmente. Hay sectores que se mueren por ver a la Presidenta en camisón -como cuando sacaron a Manuel Zelaya en pijama-, que prefieren que el Gobierno no termine el mandato que el pueblo le encomendó el 28 de octubre de 2007, cuando Cristina Fernández ganó con más del 43%.

Esto se puede comprobar escuchando algunas declaraciones de varios políticos de “la oposición” y analizando qué significa la carta que está por enviar Carrió sobre “el riesgo democrático en el país” a la Organización de Estados Americanos (OEA), la misma que no intervino en el Golpe a Honduras y que ha ejecutado cuanta decisión saliera de la Casa Blanca o del Pentágono para debilitar o intervenir los países latinoamericanos.

Frente a este escenario es imprescindible que las organizaciones políticas y sociales que caminan dispersas en el campo nacional y popular, se reúnan y decidan una política conjunta, de apoyo a la democracia, a la institucionalidad y a un Gobierno con errores pero que ha sido el mejor que los habitantes de este país han tenido desde el fin de la última dictadura. Es momento de dejar las diferencias -o los matices- de lado, y hacer frente con unidad y racionalidad.

Es ineludible también que el pueblo salga a la calle y se movilice en defensa de su democracia, que ha logrado construir con altibajos en estos años. Y llegado el caso, es necesario que los dos Hugos, el de la CGT y el de la CTA, juntos llamen a un Paro Nacional en defensa de los intereses de las mayorías y en contra de cualquier intento de desestabilización o golpe.


Publicado en Le Monde Diplomaticque

Delito, inseguridad y políticas públicas en Argentina

El caso de la Policía Federal Argentina

Maldita policía, maldita política…

por Marcelo Fabián Sain*

Pergeñada por los sucesivos gobiernos militares del siglo XX, las bases institucionales de la Policía Federal la convirtieron en una verdadera instancia de disciplinamiento social que sobrevive gracias a un pacto de reciprocidad con los gobiernos democráticos. Una fuerza de seguridad moderna, eficaz y transparente requiere de cambios profundos, que no son sencillos, pero sí necesarios.

La Policía Federal Argentina (PFA), más que una policía ciudadana, es un sofisticado instrumento de control político y social al servicio de los gobiernos. Durante los últimos 60 años, ha sido tallada a medida por el poder político argentino.


Las sucesivas dictaduras militares se sirvieron de ella para desarrollar una fabulosa trama de espionaje político y de control social, y para montar un eficiente dispositivo de represión política de la disidencia y de los opositores, recibieran éstos el mote de “peronistas”, “comunistas” o “subversivos”.

Y los gobiernos democráticos –algunos, sólo limitadamente democráticos– que transcurrieron desde entonces hasta los años 70, también hicieron uso de ella para lo mismo, aunque con una intensidad y envergadura menor a la observada durante los gobiernos castrenses.
En cambio, desde la instauración democrática de 1983, la PFA dejó paulatinamente de ser un instrumento de represión política pero, al amparo de la indiferencia, la ignorancia o el aval tácito de los gobiernos democráticos, se ha perpetuado como un dispositivo de regulación política y social también al servicio de éstos y de sus propias cúpulas.

Disciplinamiento social

Las bases institucionales de la PFA son una obra de cuño militar. Fue creada el 24 de diciembre de 1943 a través del Decreto 17.750/43 y fue puesta en funcionamiento el 1º de enero de 1945 mediante el Decreto 33.265/44.

Asienta sus bases institucionales en el Decreto-Ley 333/59 –y normas complementarias- promulgado durante la llamada “Revolución Libertadora. Allí se le fijó las funciones de “policía de seguridad y judicial” dentro del territorio de la Capital Federal y también en la jurisdicción federal, y para su cumplimiento se le atribuyeron las labores de mantenimiento del orden público, la prevención de delitos y la intervención en la investigación de los mismos.

La reglamentación de aquella vieja norma fue más allá en materia funcional y le atribuyó a la PFA un conjunto de tareas que la convirtieron en una verdadera instancia de disciplinamiento social.

En efecto, en el Decreto 6.580/58, se dispuso que debía “velar por el mantenimiento del orden público y las buenas costumbres garantizando la tranquilidad de la población y reprimir el juego ilícito”, así como también “velar por la moralidad pública [y] por las buenas costumbres en cuanto puedan ser afectadas por actos de escándalo público”, para lo cual debía vigilar los espectáculos públicos autorizados e intervenir ante “toda representación impúdica o que importe una atentado a la moral pública”; vigilar los bailes públicos y salas de diversión a fin de que “guarden las formas determinadas por la moral; “reprimir la falta de respeto debido a la ancianidad y personas del culto”; controlar “toda actividad en materia de prostitución que no se ajuste a las disposiciones legales”; e intervenir en la tramitación de permisos y control de “colectas, rifas y tómbolas”, entre otras labores de profilaxis moral.

Todo esto dio lugar a los ya históricos “edictos policiales”, cuya vigencia por más de tres décadas le permitió a la PFA legislar, establecer conductas prohibidas, imponer sanciones y también recaudar los fondos provenientes de aquellas conductas formalmente prohibidas aunque soterradamente permitidas y reguladas por sus huestes.

Pero lo importante eran los delitos y los delincuentes, y –porqué no- la población, en general. Y para su control fue necesario montar un reservorio de información sobre las personas y disponer de un sofisticado sistema de vigilancia sobre los “sospechosos”. De este modo, en el Decreto 6.580/58, se estableció que la PFA debía identificar a las personas a través de los “prontuarios” y las “fichas de identidad”.

Los primeros se refieren a toda persona imputada de la comisión de un delito o infracción a las leyes penales y los segundos a todas las personas que soliciten la cédula de identidad y el pasaporte. Tales documentos son de carácter “oficial y reservado” y constituyen “registros privados a cargo de la Policía Federal, para uso exclusivo de la misma”, no pudiendo ser remitidos “a requerimiento de ninguna autoridad”, sea administrativa o judicial.

Asimismo, en materia de prevención, la PFA debía mantener la “vigilancia especial sobre las personas cuyos antecedentes y costumbres susciten sospechas, y aquellas que frecuenten su trato personal y comercial”, prestando especial atención a “los lugares o locales en que se reúnan o realicen sus operaciones”.

Tal facultad llegaba al punto, inclusive, de permitir la excepción a lo indicado cuando la misma fuese ordenada por la superioridad. En efecto, por resolución de la jefatura, las personas sospechosas podrían ser temporalmente relevadas de la “vigilancia especial” cuando “demuestren propósitos de regeneración acreditando medios lícitos de subsistencia y conducta ordenada”. Una verdadera artesanía institucional.

Todo ello, en fin, ha sido –y es- posible porque la PFA cuenta desde el año 1963 con un sistema de inteligencia interna relativamente protegido y sofisticado. En efecto, el Decreto-Ley 9.021/63 instituye la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, posteriormente reglamentado a través del Decreto 2.322/67.

Este cuerpo, que sigue funcionando a pleno, constituye un verdadero servicio para-estatal de informaciones e inteligencia compuesto por “agentes secretos” –los llamados “plumas”– abocados a las tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”, es decir, pueden ser contratados o admitidos como funcionarios o empleados en cualquier organismo público y privado, a los que, por cierto, la superioridad ordena infiltrar y espiar.

Este dispositivo, no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por la propia cúpula institucional, cuenta con casi 1.000 espías que conforman una dotación integrada por dos categorías –“Superior” y “Subalterno”–, cada una de las cuales tiene sus propias jerarquías (1).

Por su parte, hasta la reforma legislativa de 1991 impulsada por el diputado socialista Simón Lázara, la PFA estaba autorizada a “detener con fines de identificación, en circunstancias que lo justifiquen, y por un lapso no mayor de 24 horas, a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes”.

Ese año, a través de la Ley 23.950, se modificó esa facultad y se estableció que la PFA no podría detener a las personas sin que mediara una orden judicial, excepto cuando “existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad”, en cuyo caso la persona detenida podría ser conducida a la dependencia policial con conocimiento del juez competente y por el lapso de tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas”.

Ésta fue la única reforma seria introducida en democracia a la referida organización policial.

Salvo los “edictos policiales”, todas estas normas, disposiciones y facultades están vigentes y sirven como andamiaje institucional para convertir y legitimar a la PFA como un instrumento oficialista de vigilancia y control político y social.

Independencia operacional “por abajo”

¿Por qué, desde la instauración democrática de 1983, la PFA no ha sido objeto de ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus énclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática?.

Por dos razones diferentes que, desde entonces, han primado entre las sucesivas gestiones gubernamentales. Por un lado, porque, como mecanismo de vigilancia y control político y social, la PFA constituye una herramienta útil para gobernar. Y, por otro lado, porque los “costos” políticos de emprender un proceso de reforma institucional son percibidos por los actores políticos como altos, o más altos que los del mantenimiento del status quo. La actual gestión gubernamental es un buen ejemplo de ello.

Durante 2009, la PFA gastó 51.600.000 pesos en labores de inteligencia. En alguna medida, esas labores estuvieron destinadas a producir conocimientos sobre el delito. Pero también permitieron la provisión de información sensible para el gobierno y otro tanto para el comisariato que la conduce.

Y si no, ¿qué razón habría para mantener vigente y activo aquel servicio para-estatal de informaciones creado en los años 60? No obstante, la utilidad institucional de la PFA no deriva principalmente de ello, sino del “control de las calles” de la ciudad más relevante de la política argentina, y sin que el Estado tenga que financiarla integralmente del erario público.

La PFA tiene condiciones técnicas y profesionales para desarrollar de manera adecuada las labores de seguridad preventiva o de investigaciones complejas que detenta. Se trata de una organización eficaz, si así lo dispone su conducción. Ello se ha podido apreciar en estos años de gobiernos kirchneristas, desde el año 2003, en los que la PFA ha cumplido estrictamente las directivas gubernamentales a favor de no policializar ni responder punitivamente a la protesta social. Y cuando debió intervenir ante situaciones de violencia derivadas de esas protestas, lo hizo, en general, con racionalidad, gradualismo y proporcionalidad. Su accionar se inscribió claramente en la estrategia oficial de tolerancia y disuasión ante las grandes manifestaciones de los sectores populares. A diferencia de otras policías provinciales, también ha sido eficiente en la contención general de las demandas ciudadanas a favor de mayor protección frente al fenómeno de la inseguridad.

Asimismo, durante estos años, los abusos en el uso de la fuerza, las extorsiones, las coacciones, las torturas, las prácticas del “gatillo fácil” y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal de la PFA han sido reiteradas y sistemáticas. Sin embargo, ninguno de estos hechos, muchos públicos y notorios y otros exitosamente encubiertos, ha puesto en tela de juicio la utilidad política de la misma.

La PFA cuenta con un amplio grado de autonomía institucional y de independencia operacional “por abajo”. Es su propia cúpula la que ejerce el gobierno sobre la institución en todo lo atinente a sus parámetros doctrinales, organizativos y funcionales, y lo hace sin ningún tipo de ingerencia o control gubernamental real. Y en el marco de esa autonomía, el Comisariato articula y gestiona una fabulosa red de financiamiento institucional proveniente de las actividades delictivas reguladas por la propia policía. Esas actividades son reguladas porque suponen una combinación compleja de acciones tendientes a permitirlas y protegerlas y, al mismo tiempo, a desarticularlas o reprimirlas, cuando ello es necesario.

En la Ciudad de Buenos Aires, los diversificados y rentables mercados minoristas de drogas ilegales, de autopartes desguazadas de automóviles robados y de servicios sexuales garantizados a través de la trata de personas, tienen protección policial, como también la tienen las actividades ilícitas llevadas a cabo por las principales “barrabravas” de los clubes de fútbol más grandes del ámbito porteño. Éstas son las fuentes más rentables de recaudación ilegal regenteadas por la PFA.

El armado de causa judiciales fraguadas contra personas inocentes, la prostitución de barrio, la permisión de actividades económicas y comerciales “flojitas de papeles” y de ciertas diversiones nocturnas, entre otras bicocas menores, sólo alimentan el circuito pequeño de la recaudación ilegal de fondos.

Ahora bien, gran parte de todos estos recursos son distribuidos con diferentes criterios entre el Comisariato, pero otro tanto es usado para afrontar los gastos de funcionamiento y de capital de la propia institución y a mejorar los ingresos de numerosos jefes y oficiales.

Durante 2009, la PFA destinó el 84,19% de su presupuesto de gastos a las remuneraciones del personal –40.626 integrantes, entre oficiales, suboficiales, administrativos, profesionales, técnicos, contratados y personal de inteligencia–, tan sólo el 11,99% a otros gastos de consumo y el 2,53% a inversión.

¿Cómo hace para financiar su funcionamiento una institución pública que cuenta con más de 40  mil integrantes, unas 750 dependencias con equipamiento y apoyo administrativo y logístico y que destina casi el 85% de su presupuesto al pago de remuneraciones?

Sólo de una manera: con “fondos extra-presupuestarios”. Y, con ello, se exime a los gobernantes de tener que idear la forma de financiar “en blanco” un organismo caro y, más caro aun, si se lo prefiere con un alto grado de modernización infraestructural y operativa y con un elevado nivel de profesionalización de sus efectivos.

Desde los años 80, esta práctica es viable porque se asienta en un pacto de reciprocidad suscrito entre los distintos gobiernos y la PFA, que cuenta con dos compromisos. Del lado gubernamental, se le garantiza a la institución policial una suerte de prescindencia institucional basada en la no-injerencia oficial en todo lo relativo a la organización y el funcionamiento policial, la protección de ciertos jefes y cuadros policiales funcionales al pacto mediante el aseguramiento de sus ascensos o la promoción para la ocupación de cargos o destinos importantes dentro de la institución así como la indiferencia, la “vista gorda” o el encubrimiento oficial frente a los hechos de corrupción, las modalidades de regulación policial de las actividades delictivas de alta rentabilidad económica y los abusos e ilegalidades en el uso de fuerza.

Del lado policial, se le asegura a las autoridades gubernamentales un grado socialmente aceptable de eficiencia en el control formal o informal del delito, permitiendo una magnitud y envergadura criminal que no genere reclamos o protestas ciudadanas o que no dé lugar a situaciones de crisis política.

Por lo tanto, de no mediar una situación de crisis institucional derivada de la debacle de este pacto, ¿por qué el gobierno nacional habría de emprender un proceso de reforma de la PFA tendiente a ponerla a tono con los designios de la seguridad pública democrática? Desde la perspectiva de nuestra clase política y de la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y de acuerdo con su comportamiento histórico, no hay ninguna razón fundada para ello.

Y, menos aun, si se trata de reestructurar las bases institucionales de la PFA para producir el proclamado traspaso de algunos de sus servicios y estructuras a la Ciudad de Buenos Aires. Este traspaso, que fue postulado en 2007 por todos los candidatos a Jefe de Gobierno porteño y que es deseado y merecido por la mayoría de los habitantes de la urbe capitalina, no se producirá mientras el titular de ese gobierno –Mauricio Macri– sea un dirigente con ínfulas de candidato a Presidente de la Nación.

Allí, la PFA vuelve a despuntar como un instrumento de coacción sobre el incompetente gobierno porteño, el que no dejó de cometer eficientemente todos los errores posibles en el proceso de formación de la escuálida Policía Metropolitana, justificando así la impronta especulativa del gobierno nacional al respecto. 

Quizás la soterrada amenaza de la PFA de “manejar la calle” para tirar por la borda y hacer fracasar este emprendimiento institucional, siempre a tono con los intereses del gobierno nacional, dé cuenta del espanto inocultable con que los funcionarios de Macri explicaron y justificaron, casi pidiendo permiso y disculpas, la puesta en funcionamiento de esta pequeñísima policía.


Sólo cuentan los costos políticos

Un solo ejemplo basta. El brutal asesinato de Rubén Carballo, el adolescente de 17 años que murió por golpes recibidos en la cabeza en el marco de la espantosa e injustificada represión desatada el 14 de noviembre pasado en los alrededores del estadio de Vélez Sarsfield contra los asistentes al recital del grupo de rock Viejas Locas, no constituye una razón política de peso para poner en tela de juicio el pacto de reciprocidad maniatado entre el gobierno nacional y la PFA.

Durante esa jornada, las huestes de la PFA llevaron a cabo un accionar represivo propio de las épocas dictatoriales.

La masividad y diversidad de unidades policiales intervinientes, la coordinación de su actuación represiva y la evidente intención de reprimir sin atenuantes, indican claramente que se trató de un operativo concebido, planificado e impulsado por los mandos operacionales superiores.

Más allá del impúdico silencio y la quietud oficial al respecto, todo indica que esos hechos no fueron casuales ni fueron el resultado de una concatenación de excesos, sino, más bien, de algún desajuste o puja interna.

La internas policiales siempre se dirimen en la calle, y se dirimen “haciendo”, como en este caso, o “dejando hacer”, como cuando “liberan zona” para que los delitos sufran una sustantiva inflación. Todo ello constituye una forma de presión y, en ciertos casos, una modalidad de extorsión que puede tener diferentes destinatarios –la cúpula de la institución, otros sectores policiales en confrontación, un ministro, un gobierno, un grupo u organización social- y diferentes objetivos –tumbar jefes o funcionarios, renegociar repartos o puestos, abrir ascensos congelados, amenazar o coaccionar a dirigentes políticos o sociales-. Lo cierto es que cuando lo que prima es el pacto recíproco entre gobierno y policía y, a partir de ese acuerdo, ésta cuenta con una amplia autonomía institucional, el gobierno de turno se convierte en un mero espectador o, peor aun, en una víctima pasiva de algún desborde crítico.

En la Argentina de las últimas décadas, numerosos gobernantes que jugaron a “todo o nada” delegando a sus policías el gobierno de la seguridad pública, terminaron pagando “costos” enormes que esmerilaron su legitimidad y, en algún caso, su carrera presidencial. A fines de los noventa, esto le pasó a Eduardo Duhalde con la “mejor maldita policía del mundo”. Algo similar está aconteciendo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y su confundido ministro de Seguridad Carlos Stornelli, aunque con una policía más fragmentada y menos poderosa que la de otrora. No le fue mejor a Mauricio Macri con la “armada brancaleone” del Comisario Jorge “Fino” Palacios (2).

Por cierto, reformar la policía supone reformar la política o, más bien, reestructurar las modalidades tradicionales de vinculación establecidas entre la dirigencia política y, más específicamente, las autoridades gubernamentales, por un lado, y la institución policial, por el otro, asumiendo explícitamente que una política de seguridad pública democrática implica que los funcionarios gubernamentales responsables del gobierno de la seguridad pública, junto con las diferentes instancias competentes de la sociedad civil, ejerzan la responsabilidad de elaborar, formular e implementar estrategias inclusivas e integrales de gestión de los conflictos y, en ese marco, de abordar la problemática criminal, tan acuciante y crecientemente compleja en sociedades como la nuestra.

Ello no constituye un proceso sencillo, ya que requiere de una manifiesta voluntad política, una serie de acuerdos institucionales entre gobierno y oposición, un plan de reforma y un equipo de gestión. Pero sí es necesario. Y creer que, si esas condiciones son convergentes, las resistencias o presiones corporativo-policiales pueden resultar exitosas, constituye un acto de ingenuidad. O de perversidad.

En las democracias, los gobernantes gestionan los conflictos y los delitos. No los encubren ni los niegan. Tampoco delegan el manejo de esas problemáticas a quienes son parte del problema. Sin embargo, si ello causa pudor o los funcionarios no cuentan con el ánimo para semejante desafío, deberían saber que son gobernantes mancos. Y, en nuestro caso, esa deficiencia no se encubre repudiando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 sino intentando hacer algo por la herencia institucional que esa dictadura ha prolongado en nuestras policías, con la complicidad política.


(1) El memorable agente del recontra-espionaje Ciro James –actualmente detenido- y sus secuaces, con los que Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y varios de sus ministros pretendían conformar una estructura de inteligencia porteña, pertenecen a esta dotación.

(2) El comisario “Fino” Palacios, primer ex jefe de la flamante Policía Metropolitana se encuentra detenido, al igual que Ciro James, en el marco de una causa por escuchas ilegales.

*Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Es autor de Política, policía y delito. La red bonaerense, Capital Intelectual, Buenos Aires, mayo de 2004; y de El Leviatán azul. Policía y política en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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